Lucía Vilariño Alvaredo

Género y represión de postguerra

Antes de que Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Mellen entrasen por vez primera en las Cortes españolas de 1931, miles de mujeres participaban ya de la vida política exigiendo la abolición de las quintas, formando parte de ateneos culturales y clubes políticos populares o estrenándose como afiliadas del Partido Republicano Federal o de Solidaritat Catalana. Corría el año 1870 y los derechos de reunión y asociación plasmados en la nueva Constitución empujaban a favor del desarrollo del sindicalismo y las nuevas ideas. Este torrente de libertades, aspiraciones y nuevos derechos ciudadanos proclamados por primera vez en España, fue continuado durante el primer tercio del siglo XX por asociaciones, partidos y sindicatos progresistas de diversa índole, así como capaz de provocar la reacción del golpe militar con Primo de Rivera, aprovechando la crisis de 1917 y la inestabilidad gubernamental de los años posteriores.

Mientras tanto, en ciertas asociaciones y organizaciones de algunos núcleos urbanos, se concentraba gran parte del debate y lucha por el sufragio universal hacia el reconocimiento de la soberanía individual e igualitaria. En estos años, un sector femenino, urbano y de determinada posición social ya obtenía sueldos mejor remunerados y nuevos roles sociales y de relación pública. Todas, en su conjunto, fueron las primeras en conseguir el derecho de sufragio de la Europa mediterránea, en las elecciones generales de noviembre de 1933. La nueva Constitución, que introducía el matrimonio civil y la aprobación del divorcio, apuntaba de lleno a uno de los dogmas fundamentales de la familia católica: el matrimonio indisoluble. Estas dos cuestiones, la religiosa y el voto femenino, generarían gran polémica y debate durante la época de gobierno de la II República incluso en el seno de los partidos considerados de izquierdas, y si existe alguna especificidad represiva hacia las mujeres del bando vencido serían sin duda hacia éstas dos donde apuntó el foco de la ira de la ideología del nacional- catolicismo. Que fuesen acusadas de militancia política y de ser seres impuros y degenerados a partes iguales, sería una expresión del nuevo régimen de la necesidad de utilizar a las mujeres como elemento vertebrador de los valores más tradicionalistas en torno a la familia y el hogar. Mercedes Sanz Bachiller o Pilar Primo de Rivera fueron mujeres que trabajaron con ahínco por aplicar esta política de feminización, durante la guerra desde el servilismo y después de la misma como colaboradoras del gobierno de Franco.

A las milicianas y por extensión a la mujer republicana y progresista se la estigmatizó con el término de “mujer pública” y “mujer de la vida”, lamentablemente no sólo desde los sectores más reaccionarios o de bando contrario. Sin duda el gran avance conseguido en estos años hacia la igualdad de género resultaba demasiado incomprensible o incluso abominable para los postulados más conservadores, colisionando también con la doble moral existente en parte de los integrantes de la izquierda. Algunos compañeros de lucha fueron para las mujeres más heroicas y vanguardistas de la época otro obstáculo a superar, identificadas como elemento negativo en primera línea de frente y enviadas a la retaguardia, también de la historia y de la memoria.

Si bien con intensidades, objetivos y grados de planificación diferentes, la represión fue utilizada por ambos bandos durante la guerra civil como una herramienta con la que sembrar el terror hacia aquellos que intentasen una resistencia, o eliminar a prisioneros que pudiesen ser liberados por el enemigo. Aunque los peores meses fueron los primeros, asesinatos y ejecuciones injustificadas se prolongaron muchos años más allá de la finalización de la misma, por parte de los vencedores de la contienda, obnubilados por la idea de crear una sociedad nueva y purgarla de elementos nocivos.

Casi un 24% de las mujeres encarceladas lo fueron por tener alguna relación con algún hombre republicano y todavía unas 25.000- 40.000 personas fueron asesinadas una vez finalizada la contienda. Supone un tercio del total de los muertos durante la misma, sumando los dos bandos (republicanos 90.000- 130.000 fallecidos aproximados e insurgentes 40.000- 60.000). No se manejan datos específicos del número de féminas fallecidas de este total, pero, calculando que la cifra de presos al acabar la guerra era de unos 363.000, y que un 9% de ellos eran mujeres, podríamos hacernos una idea aproximada. Lo que sí está claro es que numerosas mujeres fueron encarceladas y que, aunque un porcentaje proporcional de condenadas a muerte no fueron ejecutadas por ser conmutadas a partir de 1942, por saturación de las cárceles y de la propia justicia, hubo mujeres igualmente fusiladas tras pasar por el Consejo de Guerra y otras que acabaron directamente en las cunetas.

La retroactividad de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 hasta octubre de 1934, sumó como agravante la adhesión a la rebelión, denuncia a personas de orden o cometer actos de barbarie contra las personas de derechas. Esta ley en sí misma, junto con la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de marzo de 1940, la Ley de Seguridad del Estado de marzo de 1941 y la Ley de represión del Bandidaje y el Terrorismo de abril de 1947 supuso la legitimación de las atrocidades cometidas por el bando vencedor una vez finalizada la contienda. El número de asesinatos femeninos como vemos fue muy inferior a los masculinos, aunque curiosamente resultaron más elevados en las zonas dominadas por los insurrectos. Podríamos afirmar con los datos aportados que la represión hacia la mujer tuvo una finalidad más ejemplarizante, un castigo por subvertir el orden social y moral en un intento por frenar los avances que se habían sucedido hacia su liberación en los años anteriores.

La obligatoriedad de separar en las cárceles a madres e hijos al cumplir los tres años de edad, obligándolos a renegar en un futuro de su familia e ideología, los abusos sexuales, las descargas eléctricas en los pechos, la ropa interior de la época incrustada en una carne en llamas, los insultos de hija, novia, esposa de rojo, la rapa del pelo al cero, la suministración de aceite de ricino para su posterior mofa por su efectos en el cuerpo humano o la obligatoriedad de barrer las calles del pueblo o casas de los señoritos, fueron formas específicas de tortura hacia las mujeres. De cualquier manera, aún manteniendo los diferentes perfiles y matices apuntados, se puede concluir que, en términos generales, la represión de la mujer en la postguerra se explica de igual manera que la de los hombres, y no es otra que la de hacerles pagar su compromiso y actividad sobre todo de los años de la II República.

La reinserción laboral después de un proceso carcelario en el lugar que el nacional- catolicismo tenía reservado para las mujeres, teniendo en cuenta el elevado índice de analfabetismo, la procedencia esencialmente rural y las dificultades para acceder a un empleo remunerado para la mayoría, así como la necesidad de hacer frente a la economía familiar en solitario, agudizó el ingenio de miles de mujeres anónimas y silenciadas en su heroísmo. La ausencia de fuentes, la imposibilidad de acceder a archivos militares o la menor participación numérica de las mujeres en la guerra civil fueron razones que relegaron a un segundo plano la lucha de la mujer de la época como objeto de estudio historiográfico, aunque la inercia de tantos siglos y el retroceso sufrido durante el franquismo es a día de hoy un tema que oscila entre lo progresado desde entonces, y el trabajo y esfuerzo colectivo y conjunto que queda por continuar.